Marruecos niega la entrada en la cárcel de Rabat a representantes del Cabildo y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Jesús Montesdeoca
Una delegación canaria denuncia la situación de los presos saharauis
Una delegación del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que ha visitado a los activistas saharauis encarcelados en Marruecos por haber organizado el campamento de Gdeim Izik, en el año 2010, ha denunciado las condiciones que sufren las 21 personas recluidas en la prisión de Sale I, en Rabat, y alertó sobre el peligro de "un retorno a la guerra" en la antigua colonia española si no se reanudan las negociaciones para el referéndum de autodeterminación.
"Esos 21 presos están condenado a penas durísimas, nueve de ellos a cadena perpetua y los otros a 30, 25 y 20 años de reclusión, después de un simulacro de juicio militar sumario en el que no se respetaron las mínimas garantías procesales, tal como han denunciado las asociaciones de Derechos Humanos", declaró ayer Carmelo Ramírez (NC), consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo, que junto a Javier Doreste (Podemos), primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, viajó los pasados 3 y 4 de noviembre a Rabat para interesarse por la situación de esos activistas saharauis.
Ramírez explicó que el director de la cárcel no les permitió ver a los presos, pese a que lo habían solicitado desde días antes a través de la Embajada de España en Rabat, pero sí pudieron reunirse con familiares de los encarcelados, con los que se les hizo llegar una carta de solidaridad. "Su situación es trágica, sin atención médica, mal alimentados, ya hasta hace poco mezclados con los presos comunes", resaltó.
La visita de la delegación institucional grancanaria forma parte de una campaña internacional a favor de la liberación de los presos políticos saharauis, precisó Ramírez, quien apuntó que esas movilizaciones continuarán hasta la visita a al Sahara del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, prevista para finales de este año.
Tras 40 años de conflicto, desde la descolonización del Sáhara español en 1975 hasta ahora, Ban Ki-moon buscará un acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario que evite una nueva escalada bélica en la zona. "Eso tendría graves consecuencias para el Archipiélago canario", resaltó el consejero del Cabildo grancanario.
Condenados
En su informe de la visita a la cárcel de Sale I, Ramírez y Doreste aseguran que los 21 activistas saharauis están condenados por su supuesta participación en la organización del llamado Campamento de la Dignidad de Gdeim Izik, que en 2010 congregó a las afueras de El Aaiún a entre 20.000 y 30.000 saharauis. Ese campamento fue desmantelado de forma violenta por las autoridades de Marruecos y en las refriegas posteriores hubo varios muertos y heridos.
"Las pruebas presentadas por el Estado marroquí carecen de consistencia para las acusaciones que se les imputan, por lo que las asociaciones de juristas y de Derechos Humanos presentes en el juicio como observadores internacionales han denunciado la carencia de garantías procesales, la presentación de pruebas falsas y obtenidas bajo torturas a los encarcelados y el simulacro del juicio realizado", añade el documento. De hecho, puntualizó Ramírez, está demostrado que uno de los condenados a cadena perpetua, Hasanna Alia, estaba en España cuando sucedieron los hechos y aún vive en nuestro país, con una amenaza de expulsión pedida por Rabat.
Tras denunciar que Marruecos aplique la legislación militar a personas civiles, con condenas dictadas de antemano, el informe de los representantes grancanarios añade que "el juicio contra los activistas de Gdeim Izik se enmarca en un contexto de represión brutal del Estado marroquí contra el pueblo saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental para imponer su soberanía por la fuerza, haciendo caso omiso de las resoluciones internacionales".
Ramírez, que es presidente de la Federación Española de Instituciones Solidarias con el Sáhara, dijo que Marruecos mantiene encarcelados a 60 presos políticos en varias prisiones, por lo que reclamó su urgente liberación e hizo un llamamiento a las instituciones internacionales para que presionen a Marruecos y le obliguen a aceptar la ampliación del mandato de la ONU "para evitar el clima de terror y violencia que impone Marruecos en los territorios ocupados".
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