Ana Bazo Reisman
A lo largo de este año, cuatro sentencias en contra del Estado español fueron dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las infracciones van desde el incumplimiento del debido proceso hasta irregularidades en la investigación de casos de torturas físicas contra detenidos.
España se despide del 2014 con cuatro condenas ejemplares en materia de derechos humanos dictadas en su contra por el Tribunal Europeo de Estrasburgo. La alta judicatura se centró en casos polémicos sobre los cuales el gobierno de Mariano Rajoy había infringido lineamientos consensuados dentro del Convenio Europeo para la protección de Derechos Humanos y Libertades fundamentales.
1. El caso de los inmigrantes del Sahara
Uno de los casos más conocidos es el de 30 inmigrantes del Sahara Occidental que habían escapado a las Islas Canarias por la represión marroquí que mantiene a la zona africana colonizada. En un primer momento, el Estado español les negó el asilo alegando de manera casi automática que su solicitud no fundamentaba una verdadera vulneración a sus vidas y que debían ser expulsados por ilegales. No obstante, el TEDH ordenó que se detenga el proceso de expulsión, pues la decisión de la Audiencia Nacional española fue hecha sin comprobar que existían riesgos, aun cuando los demandantes ya habían testificado que las tácticas de amedrentamiento marroquí incluían abuso sexual y torturas contra sus familias.
2. Caso Etxebarria Caballero
En 2008 y 2009, dos ataques con coche-bomba perpetrados por el grupo radical vasco ETA (Euskadi Ta Askatasuna) cobraron la vida de un miembro del ejército y un policía en la zona española de Cantabria. Los detenidos fueron 45, entre ellos Beatriz Etxebarria, una activista de 30 años en ese entonces. Durante el inicio de su reclusión en una cárcel de Madrid, la condenada a 485 años por el ataque alegó haber sido víctima de torturas y abuso sexual, además de incomunicación. Sin embargo, la justicia española archivó la denuncia expresando que tal cosa no podía ser comprobada, limitando diligencias e ignorando ciertos medios probatorios.
El TEDH finalmente determinó en octubre del 2014 que el juzgado de instrucción debía pagar una indemnización de 29 mil euros a la demandante por mostrarse indolente frente a la infracción del Convenio en su artículo 3, el cual prohíbe las torturas.
3. Caso Ataun Rojo
Misma suerte corrió el caso de Oihan Ataun Rojo, uno de los compañeros de Etxebarria y partícipe del atentado. Para Ataun Rojo, quien también denunciaba haber sufrido torturas durante su detención incomunicada, la judicatura ordenó indemnizarlo con 24 mil euros. El TEDH publicó su sentencia contra la justicia española que lo procesó tras no atender debidamente la denuncia del activista.
4. Caso Sociedad Anónima de Ucieza
El altercado entre la Sociedad Anónima de Ucieza y el obispado de Palencia se inició en 1994, siendo uno de los casos inmobiliarios más polémicos de España. La empresa agropecuaria llevó a juicio a la entidad eclesiástica luego de que esta se adjudicase un terreno que era de su propiedad desde 1978.
Sin conocer la existencia de certificados que avalaban que la finca tenía dueño, el obispo de la mencionada ciudad ubicada en Castilla y León inscribió la zona donde venía funcionando un Monasterio a nombre de la iglesia que lideraba. Pese a la notoria arbitrariedad, el Tribunal Supremo español no admitió el recurso de casación por un tecnicismo insignificante.
Fue entonces que la empresa interpuso una demanda ante el TEDH en 2008, cuya resolución no fue publicada hasta noviembre pasado. Finalmente, la judicatura sentenció que el Poder Judicial español no había respetado el artículo 6 del Convenio, pues no se garantizó un proceso justo. El monto de la indemnización sería acordado a fines de febrero del 2015.
Fuente: http://laley.pe/