viernes, 6 de septiembre de 2013

El buró ejecutivo del Colectivo de Saharauis Defensores de Derechos Humanos se reúne con el responsable del departamento de comunicaciones y asuntos políticos de la embajada Británica


A las 7:00 de la tarde del 5 de septiembre de 2013, miembros del buró ejecutivo del Colectivo de Saharauis Defensores de Derechos Humanos CODESA, se reunieron con el señor “Hugh Clearly”, responsable del departamento de comunicaciones y asuntos políticos de la embajada Británica en Rabat.
Este encuentro que duró por lo menos una hora, tuvo lugar en la casa del defensor saharaui de los derechos humanos "Elarbi Masshoud", secretario general del Colectivo de Saharauis Defensores de derechos humanosCODESA, la cual se puso bajo control por agentes de la inteligencia marroquí a bordo de automóviles y motocicletas civiles.

Durante esta reunión se abordaron varios temas relacionados con la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y la necesidad de acciones por parte de la comunidad internacional para poner fin a las diversas violaciones graves de los derechos humanos cometidas por el estado marroquí contra los civiles saharauis.

Por ultimo cabe señalar que la última visita de los consejeros políticos de la embajada del Reino Unido a la ciudad de El Aaiún / Sahara Occidental, fue a principios de febrero de 2013, tras otra anteriormente realizada el 8 de octubre de 2012.


El buró ejecutivo del Colectivo de Saharauis Defensores de Derechos Humanos

CODESA

El Aaiún/Sahara Occidental, el 6 de septiembre de 2013


Fuente: CODESA
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Declaración del Colectivo de Saharauis Defensores de Derechos Humanos con ocasión del Día Internacional de los Desaparecidos


Cada 30 de agosto, las familias de las víctimas de desapariciones forzadas junto a todos los pueblos y las organizaciones de derechos humanos, celebran el Día Internacional de los Desaparecidos, con el propósito de hacer un llamado y así mismo exigir y presionar a los gobiernos de sus respectivos países para que revelen el destino de los secuestrados y desaparecidos por diferentes causas o motivos que hayan sido encarcelados en prisiones secretas en condiciones muy malas, ya que las diferentes organizaciones de derechos humanos así como también los familiares de estas victimas de desaparición siguen ignorando aun hoy su paradero o lo que fue de ellos,  quienes a pesar de su inagotable búsqueda por si solos y la constante exigencia a las autoridades correspondientes para que les den información sobre sus familiares o el lugar donde se encuentran, siguen hasta el día de hoy sin recibir respuesta alguna .

Por otra parte y sobre todo esto cabe destacar la labor de grupos e instituciones como Amnistía Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja quienes dan apoyo a los familiares de las victimas de secuestro y seguimiento a sus casos, y por ende promover y aumentar la conciencia pública sobre la gravedad de este tipo de violaciones a la ley internacional y los valores humanos, ya que constituye un crimen y una agresión directa a la dignidad humana,  el derecho a la vida, la integridad física y la seguridad personal de los individuos.
La Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en su resolución 47/133, del 18 de diciembre de 1992, cuando se estableció el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias con sede en Ginebra.
Con el fin de la conmemoración de este día y la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, fue creada la coalición internacional de lucha contra las desapariciones forzadas, el 30 de agosto de 2008 por un grupo de organizaciones de los derechos humanos y de la comunidad internacional, de diferentes países del mundo.
Según Amnistía Internacional, la desaparición forzada es la detención o el secuestro de una persona por parte de agentes que pertenecen al estado o que actúan en nombre de este último, y que después niega que la persona se encuentre detenida bajo su poder o no da a conocer su paradero,  lo cual convierte esta situación en algo fuera del alcance de la protección prevista por la ley.
Amnistía Internacional subraya que la desaparición forzada puede conducir a la desaparición definitiva de las personas que es posible que su destino siga siendo desconocido para sus familias, parientes y amigos.
En el Sáhara Occidental, y en relación con el conflicto político-militar entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, el Estado marroquí lanzó desde 1976 una serie de campañas de secuestros sistemáticos contra los civiles saharauis en el Sáhara Occidental, el sur de Marruecos y en otras ciudades mas de Marruecos.
En Junio de 1991 el Estado marroquí reveló  el destino de cientos de secuestrados saharauis después de que la mayor parte de ellos ya había pasado períodos muy largos de arresto que oscilaron entre 4 y 16 años en prisiones secretas como Agdaz, Kalhat Magouna, Araich y Derb Moulay Achrif en Marruecos, y Albir y PC-CMI en las ciudades de El Aaiún y Dajla en el Sáhara Occidental.
Sin embargo el estado marroquí todavía no ha revelado el destino de cientos de secuestrados saharauis en paradero desconocido, tampoco ha proporcionado a través de la Instancia de Equidad y Reconciliación la plena verdad acerca de los crimines de lesa humanidad que había cometido o las circunstancias y el porque de estos secuestros de civiles saharauis, limitándose deliberadamente a narrar hechos e informaciones falsas y prefabricadas con el propósito de neutralizar la responsabilidad del estado marroquí en estas violaciones graves de los derechos humanos y darlas una tintura local intentando mostrar que no se diferenciaban de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra víctimas marroquíes en varias ciudades y regiones de Marruecos entre 1956 y 1999 (vea el libro “el Sáhara Occidental: La verdad es difícil de ocultar” , que incluye la respuesta de CODESA al informe del comité del seguimiento de la activación de las recomendaciones de la INSTANCIA EQUIDAD Y RECONCILIACION (MAROQUI)–anexo 1 casos de desapariciones forzadas 2010:http://www.codesaso.com/es/pdf/rapportCODESA/CODESA_vs_IER_Esp.pdf).
A pesar de que el estado marroquí reveló el destino de un grupo de 327 secuestrados saharauis que se mantenían en las cárceles secretas Kalhat Magouna y Arich en Marruecos y la cárcel secreta PC-CMI en El Aaiún/Sahara Occidental, en relación con el acuerdo del alto el fuego con el Frente Popular para la Liberación de Saguia El Hamra y Rio de Oro POLISARIO  aceptando la aplicación del proceso de paz internacional-africano en el año 1991, continuó lanzando campañas de arrestos contra civiles saharauis de toda categoría de edad bajo el cerco militar, policial y mediático impuesto sobre la región y también en presencia de La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).
Sobre esta base y dado que:
La declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, clasifica la desaparición forzada como un crimen contra la humanidad y la considera una violación grave contra los derechos humanos y  las libertad fundamentales de las personas consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por otro lado esta  declaración considera el tema de la desaparición forzada como un delito punible con penas encajadas a su gravedad, contra toda persona de las autoridades civiles o militares que la cometa, por lo cual ni es posible la caída de los cargos por el estatuto de limitación, ni se da derecho a indultos especiales de estos crímenes relacionados con las desapariciones forzadas.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) emitido el 17 de julio de 1998, consideró la desaparición forzada como uno de los crímenes contra la humanidad que forman parte de su jurisdicción.
Amnistía Internacional considera  la desaparición forzada como  un delito de acuerdo con la ley internacional que a menudo sus autores no se persiguen y que constituye una violación de los derechos humanos, entre ellos:
- el derecho a la seguridad de la persona y su dignidad.
- el derecho a no ser sometido a torturas, insultos, malos tratos, penas crueles o inhumanas y degradantes.
- El derecho a la detención en condiciones humanas.
- el derecho a la personalidad jurídica.
- el derecho a un juicio justo.
- el derecho a una vida familiar.
- el derecho a la vida, si la persona ha sido sometida al secuestro.
Ya que el buró ejecutivo del Colectivo De Saharauis Defensores de Derechos HumanosCODESA, respondió a través de su libro “el Sahara Occidental: la verdad es difícil de ocultar”, al informe del comité del seguimiento de la activación de las recomendaciones de la INSTANCIA EQUIDAD Y RECONCILIACION (MAROQUI) –anexo 1 casos de desapariciones forzadas 2010, expresando con motivo del Día Internacional de los Desaparecidos, su solidaridad con todos los secuestrados, sus familias y con las organizaciones y los activistas que los defienden y  que reclaman revelar la verdad de sus casos, declara lo siguiente:
- Su firme condena a todos los casos de desaparición forzada considerados como delito,   de acuerdo con la ley internacional, y a los crímenes contra la humanidad cometidos por el estado marroquí contra los civiles saharauis.
- Su reivindicación al estado marroquí a revelar toda la verdad sobre el destino del resto de los secuestrados saharauis, y las condiciones y circunstancias del secuestro de cientos de civiles saharauis retenidos en prisiones secretas sin juicio.
- Su llamamiento al Alto Comisionado para los Derechos Humanos y al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, a que lleven a cabo una investigación internacional sobre los secuestros sistemáticos cometidos por el Estado marroquí contra la población civil saharaui y acerca de las fosas comunes donde fueron enterrados decenas de civiles saharauis con vida.
- Su reivindicación a la comunidad internacional a aplicar presión sobre el estado marroquí para que  firme y ratifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ya que la falta de mecanismos especiales que protejan a las víctimas alienta la impunidad de los autores de este tipo de actos.
- Mantenerse firme en enjuiciar a los responsables marroquíes involucrados de una forma directa o indirecta en secuestros de cientos de civiles saharauis y asumir al estado marroquí la responsabilidad de su indemnización y reinserción además de la rehabilitación psicosocial y de salud en consonancia con las normas internacionales adoptadas en las comisiones de la verdad.
- Su llamamiento a todas las víctimas de desapariciones forzadas y a sus familias a presentar denuncias ante la justicia marroquí e internacional y las organizaciones y asociaciones internacionales de derechos humanos, expresando su disposición a recibirles y escuchar sus testimonios así como trabajar con ellos y sus familias en las distintas actividades de lucha que ellos ven que contribuyen a dar a conocer toda la verdad sobre sus casos, incluso revelar el destino de cientos de civiles saharauis secuestrados, cuyo destino se desconoce hasta hoy.


El buró ejecutivo del Colectivo De Saharauis Defensores de Derechos Humanos
CODESA

El Aaiún/Sahara Occidental, el 30 de agosto de 2013

Fuente: CODESA
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Expertos científicos presentarán un informe sobre víctimas saharauis

Campamento de refugiados en Tinduf. Foto: EFE

El presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Francisco Etxeberria, el médico Carlos Beristain, y la activista saharaui Djimi Elghalia, serán los encargados de presentar el informe.

Un grupo de expertos científicos presentará el próximo martes, 10 de septiembe, en Donostia un informe sobre las víctimas saharauis. El informe se recogen las conclusiones de una investigación sobre "las víctimas civiles de la violencia marroquí" en el Sahara Occidental.

El médico y doctor en Psicología Carlos Beristain, el presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Francisco Etxeberria, y la activista saharaui Djimi Elghalia, serán los encargados de dar a conocer los resultados de este estudio desarrollado en el Sahara Occidental.

El proyecto, denominado "La esperanza posible", es una investigación que nace de las denuncias de las víctimas saharauis durante 37 años en busca del derecho a la verdad, la justicia y la reparación. El informe está enmarcado en el trabajo de investigación del doctor Beristain y Eloisa González conocido como "El oasis de la memoria". En esta investigación un total de 261 víctimas relataron las "graves violaciones de derechos humanos, como bombardeos contra la población civil, desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas".

El resultado de la investigación se presentará ante representantes de las autoridades vascas y saharauis el próximo martes en el Museo de San Telmo, mientras que el miércoles se celebrará una exposición abierta en el salón de plenos del Ayuntamiento donostiarra.

La jornada ha sido presentada por el diputado de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, y por el presidente de Euskal Fondoa, Imanol Landa, en representación de las instituciones que han financiado este proyecto, impulsado por el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación internacional Hegoa.


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Décadas de lucha contra la cotidiana vulneración de derechos en el ocupado Sahara Occidental

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La vulneración de todo tipo de derechos (humanos, civiles y sociales) por parte del régimen alauí sigue siendo una constante en el Sahara, un territorio que a día de hoy y después de casi cuatro décadas, continúa ilegalmente ocupado por Marruecos, contraviniendo toda normativa internacional.

Igor URRUTIKOETXEA | Brigadista de Askapena

Desde el primer momento en que un extranjero pisa territorio saharaui, percibe que la pretendida normalidad que alega Marruecos es una gran mentira. El atosigante control y la presencia militar y policial son la mejor prueba de que el Sahara Occidental no es una provincia más de Marruecos, a diferencia de lo que sostiene la propaganda oficial alauí. Desde Marrakech hasta El Aaiún, hay que pasar cinco controles, y otros siete para ir de El Aaiún a Dakhla. En todos, cuando las fuerzas de ocupación marroquíes detectan la presencia de algún extranjero, éste es interrogado sobre los motivos de su viaje al Sáhara, su profesión... Los seguimientos policiales a todo extranjero son una constante durante la estancia en el territorio ocupado, como también lo son los exhaustivos controles a los que son sometidos los visitantes cuando se disponen a regresar a sus lugares de origen.

En cualquier caso, los obstáculos y problemas con que se topa un ciudadano extranjero no dejan de ser una anécdota en comparación con la cotidiana represión y vulneración de derechos, tanto colectivos como individuales, a la que deben enfrentarse los ciudadanos saharauis que no aceptan la política de asimilación impuesta por el reino alauí.

La lucha de los saharauis en los territorios ocupados tiene como principal reivindicación la celebración del referéndum que se acordó en 1991 con el beneplácito de la ONU y cuya realización se halla totalmente paralizada, debido a la actitud de bloqueo de Marruecos y la pasividad cómplice de la comunidad internacional. El reino alauí tiene como objetivo obstaculizar la realización de la citada consulta, con el fin de ganar tiempo, mientras puebla el Sahara Occidental con colonos procedentes de Marruecos para alterar de forma artificial la realidad demográfica. Hoy día, tras casi 40 años de colonización marroquí, los saharauis que residen en el Sahara Occidental representan solo en torno al 25% del conjunto de la población, a los que hay que sumar otros 200.000 saharauis que habitan en los campos de refugiados de Tinduf.

Los colonos marroquíes que se asientan en el Sahara pertenecen, por lo general, a las clases más empobrecidas de Marruecos y van a vivir al Sahara ocupado porque el Estado les proporciona ayudas y exenciones fiscales, así como facilidades para adquirir una vivienda y un puesto de trabajo, mientras que todo ello le está vetado a la población saharaui, con el objetivo de forzar su éxodo ante la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida en su propia tierra.

Esta realidad ha hecho que, a día de hoy, la población saharaui y los colonos marroquíes vivan completamente separados, sin interrelacionarse apenas.

Represión de Gdeim Izik

Junto con esta realidad de segregación y apartheid contra los ciudadanos saharauis que llevan a cabo las autoridades de Marruecos, convive la represión salvaje e indiscriminada contra todo intento de los saharauis de organizarse a nivel político, sindical, cultural y social. El ejemplo más patente y cruel fue la brutal represión ejercida contra el campamento de Gdeim Izik en 2010, que se saldó con varios saharauis muertos y decenas de heridos y detenidos. Represión que se mantiene en la actualidad como quedó en evidencia en el el juicio contra los 21 presos de Gdeim Izik, que fueron juzgados en el marco de un proceso totalmente irregular llevado adelante por un tribunal militar marroquí, a pesar de ser todos ellos son civiles.

Tras ser sentenciados a duras condenas, que incluyen varias cadenas perpetuas, se encuentran encarcelados cerca de Rabat, en la cárcel de Saleh, a 1.200 kilómetros de su tierra, lo que supone largos desplazamientos de 24 horas en autobús para sus familiares cada vez que van a visitarles. En estos momentos, hay 67 presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, cuya puesta en libertad reclama todo el movimiento saharaui. Muchos de ellos están dispersados en prisiones ubicadas en Marruecos, con una nula asistencia sanitaria y una alimentación deficiente y escasa.

Asimismo, el número de personas desaparecidas desde 1975 es de más de 600, de las cuales unas 30 desaparecieron con posterioridad a la firma del alto el fuego de 1991. Destaca el caso de 15 desaparecidos el 25 de diciembre de 2005, cuyas familias siguen intentando saber su paradero sin que hayan recibido algún tipo de información por parte de las autoridades marroquíes. Las asociaciones de derechos humanos saharauis exigen que se diga a sus familias dónde se encuentran sus cuerpos o qué fue de ellos.

También la situación de los expresos políticos saharauis sigue siendo muy crítica desde el punto de vista humanitario, dado que les está vedado participar en la vida pública y política. Además, el acceso al mercado de trabajo es nulo y sistemáticamente se les deniega la asistencia sanitaria para poder hacer frente a las enfermedades contraídas durante su estancia en prisión.

Expolio y discriminación laboral

Pero junto con la represión explícita, hay una represión más implícita que se basa en la negación de la cultura saharaui y el expolio de su patrimonio cultural. Así, el hassania, el dialecto del árabe hablado en el Sahara, está proscrito de la enseñanza y de la vida pública. El uso de las tradicionales haimas saharauis también se halla restringido, e incluso el de la ropa tradicional saharaui. Las organizaciones políticas, culturales, sindicales y sociales saharauis jamás son legalmente reconocidas. El objetivo es siempre el mismo: la asimilación cultural total por parte de Marruecos. A ello habría que añadir que no hay ninguna universidad en el Sahara y, por tanto, los jóvenes saharauis que desean cursar estudios superiores deben ir a las universidades marroquíes de Marrakech o Rabat, lo que dispara los costes económicos de los estudios, al margen de la discriminación que sufren en las facultades marroquíes.

Una vez que terminan sus estudios, además, carecen de toda expectativa de trabajar en la materia estudiada en caso de que regresen a vivir al Sahara.

Los trabajadores saharauis suponen solo el 6% de la población activa. La población originaria sufre un mayor porcentaje de desempleo que la marroquí, además de tener vetadas determinadas profesiones que las autoridades marroquíes consideran «sensibles», como funcionarios, médicos, pilotos, periodistas... Quienes tienen la suerte de tener un empleo no se libran, sin embargo, de la evidente discriminación laboral, ya que habitualmente son relegados a puestos de trabajo de categoría y remuneración inferior.

Organizaciones sindicales como la Confederación Sindical de Trabajadores Saharauis (CSTS) están intentando que el Estado español asuma su responsabilidad histórica y abone indemnizaciones a 24.000 trabajadores saharauis que se quedaron en el desempleo cuando la Administración española abandonó esta colonia, dejándoles de la noche a la mañana y sin previo aviso sin trabajo.

Paralelamente, Marruecos continúa con el expolio y saqueo de las riquezas marítimas y terrestres del Sahara (fosfatos, pesca, sal...), lo que es posible gracias a los acuerdos comerciales que tiene con compañías europeas y estadounidenses, a pesar de que los citados pactos serían nulos de pleno derecho de acuerdo a la legalidad internacional, porque se basan en la utilización de los recursos de un territorio pendiente de un proceso de descolonización y se beneficia de ellos Marruecos, cuya administración del territorio saharaui es totalmente ilegítima. Se calcula que los beneficios que le reporta la explotación de los recursos saharauis suponen cerca de un tercio del PIB marroquí anual.

Organización en la lucha

Pero en este contexto de ocupación y represión asfixiantes, la población saharaui, al constatar la actitud de bloqueo de Marruecos en relación al prometido y nunca celebrado referéndum, comenzó a crear a finales de la década de los años 90 y comienzos del nuevo siglo diferentes organizaciones de ámbito sectorial (antirrepresivas, de defensa de los derechos humanos, de mujeres, sindicales, estudiantiles, de desempleados...) con el doble objetivo de denunciar la ocupación ilegal del Sahara y de trabajar los temas sectoriales que atañen a cada una de ellas.

Mención especial merece el hecho de que una nueva generación de saharauis se ha unido a la lucha. Unos jóvenes que apuestan por llevar la movilización a la calle, en forma de desobediencia civil pacífica, organizando manifestaciones esporádicas en defensa de los derechos del pueblo saharaui, que suelen ser reprimidas por las fuerzas de ocupación marroquíes. Hay que destacar la labor de Equipe Media, un grupo de contrainformación que graba estas movilizaciones y la habitual represión marroquí que llevan parejas, con el objetivo de dar a conocer esta realidad al mundo, ya que, remarcan, es necesario internacionalizar el conflicto, porque solo mediante la presión internacional se podrá lograr que Marruecos acepte una solución justa y democrática al conflicto.

Es una generación que comenzó a involucrarse en la lucha en los levantamientos de 2005 y que alcanzó plena madurez con la organización del campamento y posterior represión de Gdeim Izik. Una generación que, por desgracia, tiene incluso sus propios mártires, como Hamdi Barki (muerto durante las revueltas de 2005), Babi Mahmud Hamadi y Said Dember (ejecutados en 2010), y cuenta con varios activistas entre rejas.

En manos de ellos, de su compromiso y su lucha, y del conjunto de la sociedad saharaui, tanto de la población que resiste en los territorios ocupados como de la que se encuentra refugiada en Tinduf y de la diáspora saharaui, está el futuro de su pueblo. Lo saben y, por eso, tal y como insisten una y otra vez, continuarán peleando por una solución que tenga como base la libertad y la democracia para la nación saharaui.

Algo en lo que la comunidad internacional debe implicarse, especialmente estados como el español, cuya responsabilidad histórica en el proceso de descolonización del Sahara es evidente. No vale ahora intentar lavarse las manos, porque estarán sucias de sangre inocente saharaui mientras no se repare esta injusticia histórica.


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Un activista saharaui se gana el asilo en España con cien cicatrices de agresiones

Detalle de una manifestación en El Aaiun/Efe

La Audiencia Nacional obliga a Interior a corregir su negativa a asilarle. Cree que su relato de haber sido brutalmente golpeado por la Policía en El Aaiún es 'compatible' con las múltiples secuelas que padece

ANDRÉS MUÑIZ - MADRID

La Audiencia Nacional ha revocado la decisión del Ministerio del Interior de denegar el asilo a un activista saharaui que tiene más de cien cicatrices en todo el cuerpo (cabeza, cara, tórax y extremidades) que atribuye alatigazos, porrazos y quemaduras infligidos por la Policía en El Aaiún tras una manifestación prosaharaui en 2007.
La sentencia reconoce el derecho de asilo solicitado, tomando como base principal un informe médico del hospital La Paz, de Madrid, que expone sus múltiples cicatrices y secuelas, que descarta que el demandante se las autoinflingiese, y resalta que son compatibles con las agresiones de las que fue objeto, según su relato.
El hombre, de 39 años y natural de El Sahara, pidió asilo a las autoridades españolas por la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados por Marruecos y por su temor a sufrir persecución por ser activo militante saharaui. La Administración rechazó la petición al considerar sus alegaciones genéricas, imprecisas e incongruentes, por no haber prueba directa de su condición de saharaui, y por estimar que su situación física y psicológica tiene origen ajeno a  las agresiones que denuncia. No obstante, Interior le autorizó a permanecer en España por motivos humanitarios.
El demandante presentó su petición en Las Palmas de Gran Canaria en diciembre de 2009. Explicó que nació en 1974 en Essawira, y que en 1999 se desplazó a El Aaiun (capital del Sahara occidental), donde participó en manifestaciones proderechos del pueblo saharaui con miembros del grupo 'waffa', encabezando con otros chicos las marchas.
En 2007, cuando colocaban banderas y carteles en la avenida Tan Tan de El Aaiún, fue sorprendido por agentes policiales que le agredieron gravemente. Despertó quince días después en un hospital, del que escapó de madrugada, manteniéndose oculto en el desierto dos años con un propietario de camellos. Luego consiguió entrar en un barco con el que llegó a Canarias.
En su expediente consta un informe psicológico de Cruz Roja que señala que padece estrés postraumático que puede derivar de haber sufrido agresión física o amenazas, lo que le genera pesadillas. Otro informe, de tres médicos del hospital universitario La Paz, consigna más de cien cicatrices en cabeza, cara, tórax y extremidades, que los expertos descartan que fueran autoinfligidas, y que son compatibles con agresiones durante varias horas con látigos, porras de goma flexibles, instrumentos calientes (que provocan quemaduras), o hiperextensión o posturas forzadas prolongadas.
A este último informe se añaden numerosas fotos que constatan las heridas descritas. A ello se suma un tercer dictamen, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que indica: que la persona padece un grave trauma; que todo apunta a que su estado mental es consecuencia de las torturas descritas; y que su perfil coincide con el de un activista de la causa saharaui.
Interior no atendió esos dictámenes y denegó el asilo al considerar que el solicitante había incurrido en contradicciones sobre la relación con su familia, su periodo en el desierto o su vida como activista, que no había demostrado su identidad saharaui y que desconoce el dialecto "hassania", hablado en la zona. Añadía que no tenía un perfil político relevante y que, pese a la gravedad de las torturas denunciadas, no se recogieron esas agresiones por fuentes prosaharuis que suelen informar de esos sucesos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia revoca la decisión de Interior, adoptada en abril de 2012, y destaca que el relato del hombre es razonablemente completo, exhaustivo y coherente, y además es compatible con las cicatrices y secuelas que padece. Sobre alguna contradicción en sus afirmaciones, el tribunal lo considera normal por el estrés postraumático que presenta.
Sobre el hecho, alegado por Interior, de que el demandante no tiene perfil político relevante, la Audiencia señala que la persecución en El Aaiún no parece centrarse sólo en líderes de la causa sharaui o personas de alta relevancia política.
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