La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha reclamado este martes al Estado español que “asuma su responsabilidad en el Sáhara Occidental” y presione al Reino de Marruecos para que “cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas” y que “de una vez por todas el pueblo saharaui pueda ejercer su legítimo derecho a la autodeterminación”.
López, que es vicepresidenta del Intergrupo de Apoyo al Sáhara Occidental del Parlamento Europeo, ha hecho estas declaraciones tras una rueda de prensa en la que ha presentado el Congreso de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS) que se está celebrando en la Eurocámara esta semana.
Un encuentro en Bruselas que ha contado con su invitación y la de la europarlamentaria de IU Ángela Vallina y en el que, tal y como ha explicado, ha congregado a juristas, fiscales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones internacionales que “trabajan en la línea del objetivo que tenemos marcado desde IU, que es visibilizar el conflicto saharaui en el Parlamento Europeo y que los eurodiputados y la propia Eurocámara se comprometan con buscar el cumplimiento de las resoluciones de la ONU”.
Entre los temas tratados, López ha destacado el de la explotación de los recursos naturales de los territorios ocupados, algo que es “un elemento central” ya que
“los beneficios fruto del expolio de los recursos saharauis no está teniendo ningún reflejo sobre la población del Sáhara Occidental”.
Felipe Briones, fiscal y secretario general de la IAJUWS, ha puesto el ámbito de los derechos humanos como otro de los temas cruciales. En este sentido, ha subrayado “la farsa de los juicios a los activistas saharauis” y “la represión erigida en sistema desde la invasión en 1975”. Asimismo, ha recordado que tanto la legislación internacional, como la del Estado español “han puesto negro sobre blanco” que “la presencia constante de Marruecos en el Sáhara Occidental es ilegal”, que “Marruecos no es potencia colonizadora, sino administradora de facto” lo que, “eufemísticamente hace referencia a un país invasor”, y que “la total responsabilidad respecto a la protección jurisdiccional de los derechos de los ciudadanos saharauis y de arropar a la población para que pueda ejercer ese libre derecho a la libre determinación correspondió y sigue correspondiendo al Estado español”.
También ha hablado de los derechos humanos Inés Miranda, abogada de la activista saharaui Aminatou Haidar, quien se ha mostrado preocupada por la reciente visita del rey de Marruecos a los territorios ocupados. “Esta visita ha conllevado detenciones y exigencias de manifestaciones de júbilo que no se han producido por parte de la población saharaui y como aconteció años atrás, esa actuación va acompañada de un discurso imperialista del ‘o se está conmigo, o se está contra mí’, que es el discurso que ya utilizó el rey en 2009 cuando fue deportada Aminatou Haidar”, ha asegurado.
A su lado, Javier Canivell, miembro de CEAR Euskadi y abogado de Hassanna Aalia, ha denunciado que este joven activista saharaui por los derechos humanos sufrió constantes “detenciones, tortura y violencia” por parte de la Policía marroquí desde la adolescencia, y que la sentencia del tribunal militar de Rabat que le condenó a cadena perpetua – en el macroproceso contra 25 saharauis por participar en los campamentos de la dignidad de Gdeim Izik entre 2010 y 2011- “ha sido cuestionada unánimemente por todos y cada uno de los organismos internacionales y los observadores que estuvieron allí presentes”, incluidos el relator de la ONU contra la tortura y el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados.
Todos, ha continuado, “denunciaron la excepcionalidad de un tribunal militar, la denegación de pruebas, la existencia de actas policiales falseadas, de testimonios obtenidos bajo tortura y la no existencia de un recurso de apelación ordinario”. “Y si todos estos derechos fueron mutilados para los que estuvieron en el macroproceso, más lo fueron para Hassanna Aalia, que ni siquiera estuvo allí para poderse maldefender”, ha dicho.
Canivell ha acusado al Estado español de estar “incumpliendo las obligaciones que tiene contraídos como signatario de la Convención de Ginebra” al haberse negado a dar protección internacional a Hassanna, “lo que le pone en peligro de devolución”. El abogado ha explicado que mientras el activista sigue a la espera que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre su recurso y decida si le concede el asilo político, tiene que vivir momentos como la detención sufrida a mediados de octubre en Burgos por no llevar papeles.
En el Congreso, que se cierra esta tarde, han participado, además de miembros de la IAJUWS, abogados saharauis de los territorios ocupados, miembros del Secretariado Nacional del Frente Polisario, parlamentarios saharauis y jóvenes activistas y abogados saharauis.
Fuente: http://www.tercerainformacion.es/
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