miércoles, 11 de noviembre de 2015

Una delegación canaria denuncia la situación de los presos saharauis

Marruecos niega la entrada en la cárcel de Rabat a representantes del Cabildo y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Una delegación canaria denuncia la situación de los presos saharauis
Una delegación canaria denuncia la situación de los presos saharauis
Una delegación del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que ha visitado a los activistas saharauis encarcelados en Marruecos por haber organizado el campamento de Gdeim Izik, en el año 2010, ha denunciado las condiciones que sufren las 21 personas recluidas en la prisión de Sale I, en Rabat, y alertó sobre el peligro de "un retorno a la guerra" en la antigua colonia española si no se reanudan las negociaciones para el referéndum de autodeterminación.
"Esos 21 presos están condenado a penas durísimas, nueve de ellos a cadena perpetua y los otros a 30, 25 y 20 años de reclusión, después de un simulacro de juicio militar sumario en el que no se respetaron las mínimas garantías procesales, tal como han denunciado las asociaciones de Derechos Humanos", declaró ayer Carmelo Ramírez (NC), consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo, que junto a Javier Doreste (Podemos), primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, viajó los pasados 3 y 4 de noviembre a Rabat para interesarse por la situación de esos activistas saharauis.
Ramírez explicó que el director de la cárcel no les permitió ver a los presos, pese a que lo habían solicitado desde días antes a través de la Embajada de España en Rabat, pero sí pudieron reunirse con familiares de los encarcelados, con los que se les hizo llegar una carta de solidaridad. "Su situación es trágica, sin atención médica, mal alimentados, ya hasta hace poco mezclados con los presos comunes", resaltó.
La visita de la delegación institucional grancanaria forma parte de una campaña internacional a favor de la liberación de los presos políticos saharauis, precisó Ramírez, quien apuntó que esas movilizaciones continuarán hasta la visita a al Sahara del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, prevista para finales de este año.
Tras 40 años de conflicto, desde la descolonización del Sáhara español en 1975 hasta ahora, Ban Ki-moon buscará un acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario que evite una nueva escalada bélica en la zona. "Eso tendría graves consecuencias para el Archipiélago canario", resaltó el consejero del Cabildo grancanario.
Condenados
En su informe de la visita a la cárcel de Sale I, Ramírez y Doreste aseguran que los 21 activistas saharauis están condenados por su supuesta participación en la organización del llamado Campamento de la Dignidad de Gdeim Izik, que en 2010 congregó a las afueras de El Aaiún a entre 20.000 y 30.000 saharauis. Ese campamento fue desmantelado de forma violenta por las autoridades de Marruecos y en las refriegas posteriores hubo varios muertos y heridos.
"Las pruebas presentadas por el Estado marroquí carecen de consistencia para las acusaciones que se les imputan, por lo que las asociaciones de juristas y de Derechos Humanos presentes en el juicio como observadores internacionales han denunciado la carencia de garantías procesales, la presentación de pruebas falsas y obtenidas bajo torturas a los encarcelados y el simulacro del juicio realizado", añade el documento. De hecho, puntualizó Ramírez, está demostrado que uno de los condenados a cadena perpetua, Hasanna Alia, estaba en España cuando sucedieron los hechos y aún vive en nuestro país, con una amenaza de expulsión pedida por Rabat.
Tras denunciar que Marruecos aplique la legislación militar a personas civiles, con condenas dictadas de antemano, el informe de los representantes grancanarios añade que "el juicio contra los activistas de Gdeim Izik se enmarca en un contexto de represión brutal del Estado marroquí contra el pueblo saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental para imponer su soberanía por la fuerza, haciendo caso omiso de las resoluciones internacionales".
Ramírez, que es presidente de la Federación Española de Instituciones Solidarias con el Sáhara, dijo que Marruecos mantiene encarcelados a 60 presos políticos en varias prisiones, por lo que reclamó su urgente liberación e hizo un llamamiento a las instituciones internacionales para que presionen a Marruecos y le obliguen a aceptar la ampliación del mandato de la ONU "para evitar el clima de terror y violencia que impone Marruecos en los territorios ocupados".
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Abogados de activistas saharauis exigen a España que asuma su responsabilidad con ellos

Baida y su hija en la puerta de su casa en en campo de refugiados saharaui destruido por las lluvias a finales de octubre arrasaron el Sahara Occidental.  EFE
Baida y su hija en la puerta de su casa en en campo de refugiados saharaui destruido por las lluvias a finales de octubre arrasaron el Sahara Occidental. EFE
Varios abogados de victimas saharauis denunciaron este martes en la Eurocámara las "detenciones, tortura y violencia" por parte de la Policía marroquí contra los activistas, y criticaron que la comunidad internacional parece amprar "la ilegalidad" para "no resolver el conflicto" saharaui, recalcando la especial responsabilidad de España como antigua potencial colonial.


"Cada uno de ellos representa la vulneración de los derechos de este pueblo y la situación de ilegalidad en la que la comunidad internacional parece estar colaborando para no resolver el conflicto", denunció Inés Miranda, abogada de la activista saharaui Aminatou Haidar. La letrada insistió en la necesidad de "reconocer el derecho fundamental de todos los pueblos, que es el derecho a la libre determinación", y lamentó que la visita del Rey de Marruecos a los territorios ocupados con motivo del 40 aniversario de la Marcha Verde "ha conllevado detenciones y exigencias de manifestaciones de júbilo que no se han producido por parte de la población saharaui".



El secretario general de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara occidental, Felipe Briones, también denunció "la represión" y "la falsa de los juicios a los activistas saharauis", e incidió en la especial responsabilidad de proteger a los activistas de España.



"La total responsabilidad respecto a la protección jurisdiccional de los derechos de los ciudadanos saharauis y de arropar a la población para que pueda ejercer ese libre derecho a la libre determinación correspondió y sigue correspondiendo al Estado español", recalcó Briones. Además, subrayó que la legislación internacional y española reconoce que la presencia de Marruecos en el Sáhara occidental "es ilegal".



Javier Canivell, coordinador de CEAR Euskadi y abogado deljoven activista Hassanna Aalia, que ha sido condenado dos veces por el mismo caso, lamentó que el Ministerio del Interior español le haya denegado este año la protección internacional que solicitó "sin cuestionar la sentencia del Tribunal Militar Permanente de Rabat" del año 2013, cuando "ha sido cuestionada unánimemente" por los organismos internacionales y los observadores que participaron en el juicio, incluido el relator de la ONU sobre tortura, que han denunciado la excepcionalidad del tribunal militar, "actas policiales falseadas", testimonios obtenidos "bajo tortura" y sin recurso de apelación.



Hassana Aalia, que llegó a España en 2011 para estudiar con una beca en Bilbao, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal militar marroquí en 2013 –mientras estaba en España– por participar en el campamento saharaui de protesta pacífica Gdeim Izik. Organismos y entidades nacionales e internacionales han denunciado que el procedimiento judicial no contó con las suficientes garantías.



Canivell denunció que la decisión del Gobierno español "le pone en peligro de devolución" sabiendo que "a buen seguro sufriría" nuevas torturas tras recordar que desde los 17 años este activista ha sufrido "detenciones, tortura y violencia" de la policía marroquí y con ello incumple "las obligaciones" como signatario de la Convención de Ginebra, al tiempo que confió en que la Audiencia Nacional resuelva pronto el recurso contencioso administrativo que interpusieron. "Entiendo que no tendrá una resolución muy demorada en el tiempo ya", opinó.



Por su parte, la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, reclamó al Gobierno español que "asuma su responsabilidad en el Sáhara Occidental" y presione a Marruecos para que "cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas" y así "el pueblo saharaui pueda ejercer su legítimo derecho a la autodeterminación", al tiempo que defendió la necesidad de visibilizar el conflicto y que la Eurocámara se comprometa también a respaldar el cumplimiento de las resoluciones de la ONU.

Fuente: http://www.infolibre.es/
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Marruecos/Sáhara Occidental: Es necesario liberar o volver a juzgar a los 21 saharauis encarcelados hace 5 años



Grupos de derechos humanos hacen un llamamiento conjunto en el quinto aniversario de los enfrentamientos en Gdeim Izik
Fuerzas marroquíes desmantelan un campamento de miles de viviendas de saharauis cerca de El Aaiún, Sáhara Occidental, el 8 de noviembre 2010. © AP / Maghreb Arabe Presse / HO.
Las autoridades marroquíes deben poner en libertad a los 21 presos que cumplen largas penas de prisión derivadas de las protestas de 2010 en el Sáhara Occidental, que dejaron varios muertos, o concederles un juicio justo ante un tribunal civil, así como investigar todas las denuncias de tortura, señalaron hoy cuatro organizaciones de derechos humanos.
El 8 de noviembre de 2010, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron el campamento de protesta que los saharauis erigieron un mes antes en Gdeim Izik, en el Sáhara Occidental, bajo control marroquí. Once miembros de las fuerzas de seguridad y dos civiles murieron durante los disturbios en el campamento y en la ciudad vecina El Aaiún, la más grande del Sáhara Occidental. El 17 de febrero de 2013, un tribunal militar condenó en juicios gravemente injustos a 25 hombres, entre ellos activistas de derechos humanos, por su presunta participación en la violencia letal.
“Las desconsoladas familias de las víctimas que perdieron la vida en noviembre de 2010 tienen derecho a que se haga justicia”, dijo Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio y Norte de África para Human Rights Watch. “Sin embargo, la justicia no se consigue encerrando a un grupo de saharauis después de un veredicto de culpabilidad por un tribunal militar, basado en confesiones presuntamente obtenidas bajo coacción o tortura, sin ninguna otra evidencia que los vincule a esos homicidios”.
Las organizaciones firmantes de este comunicado son Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura y la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos.
Dos de los 25 hombres fueron condenados a tiempo cumplido y puestos en libertad, un tercero fue condenado en ausencia y un cuarto fue puesto en libertad provisional por motivos de salud. Los 21 restantes siguen cumpliendo penas de cárcel de entre 20 años y cadena perpetua. Para llegar a su veredicto, el tribunal se basó casi exclusivamente en las declaraciones de los acusados, sin investigar las alegaciones de los demandados de que la policía los había torturado para que firmaran declaraciones falsas.
Si las autoridades vuelven a juzgar a los acusados, deberían respetar la regla bajo el derecho internacional de los derechos humanos según la que existe la presunción de libertad antes del juicio, a menos que un juez determine que existen motivos válidos para detenerlos, aseguraron las organizaciones. Si se determina que han sido víctimas de un error judicial, el Estado debería indemnizarlos, en función del artículo 14, párrafo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Marruecos ratificó en 1979. La Constitución de Marruecos, en el artículo 122, da derecho a que una víctima de un “error judicial” reciba una indemnización por parte del Estado.
Los 21 acusados se encuentran en la prisión de Salé, a 1.200 kilómetros de sus familias, en el Sáhara Occidental. Entre ellos figuran Naâma Asfari, Ahmed Sbaï y Mohamed Tahlil, miembros de organizaciones de derechos humanos del Sáhara Occidental críticas con el control que el gobierno marroquí mantiene sobre el territorio en disputa.
En octubre de 2010, varios miles de saharauis levantaron un campamento en Gdeim Izik para generar presión a favor de una serie de demandas sociales y económicas. Las autoridades marroquíes entablaron conversaciones con los líderes de la manifestación, pero en un momento determinado decidieron obligar a los manifestantes a abandonar el campamento. La mañana del 8 de noviembre, las fuerzas de seguridad irrumpieron para desmantelar el asentamiento, desencadenando violentos enfrentamientos que llegaron a la ciudad vecina de El Aaiún.
Las autoridades arrestaron a cientos de saharauis pero finalmente dejaron a todos en libertad menos a 22, cuyos casos refirieron a los tribunales militares. A la mayoría los acusaron de formar una “banda criminal” y de participar o actuar como cómplices en la violencia contra las fuerzas de seguridad, que se tradujo en “muerte con intención”. Dos de ellos también fueron acusados de profanar un cadáver.
En los meses anteriores al juicio, las autoridades arrestaron a otros dos en relación al mismo caso, aunque a uno de ellos lo liberaron provisionalmente por motivos de salud y al otro lo juzgaron en ausencia.
Documentos judiciales indican que la mayoría de los acusados presuntamente denunciaron al inicio del proceso judicial que la policía los había torturado y coaccionado para que firmaran declaraciones falsas. Varios alegaron ante el juez de instrucción que la policía ni siquiera les permitió que leyeran sus propias declaraciones antes de firmarlas, y que no descubrieron lo que contenían hasta más tarde.
Cuando finalmente comenzó el juicio, 27 meses después de los hechos, todos los acusados negaron los cargos. Muchos reiteraron que habían sido torturados y obligados a firmar sus declaraciones en las que se incriminaban falsamente a sí mismos. A pesar de que el juez mantuvo el juicio abierto al público incluyendo a los observadores encomendados por varias de las organizaciones que emiten esta declaración y, en general, permitió que los acusados hablaran, no ordenó ninguna investigación sobre las denuncias de malos tratos y las declaraciones falsificadas de los demandados, y acabó aceptando dichas declaraciones como prueba suficiente para emitir sus veredictos de culpabilidad.
La fiscalía no presentó testigos ni pruebas materiales que vincularan de manera convincente a los acusados a las muertes. La acusación mostró a la corte las armas que la policía supuestamente incautó en el campamento, pero no hay evidencias que las ligaran a los acusados a excepción de sus “confesiones”. El tribunal rechazó las peticiones de la defensa para llevar a cabo pruebas de ADN con las armas para ver si eso las relacionaba con los acusados.
El tribunal también rechazó las solicitudes de la defensa para citar a declarar a los agentes de la policía que grabaron las “confesiones” de los acusados. Ningún informe de autopsia fue presentado en el juicio para dilucidar cómo y cuándo habían muerto cada uno de los agentes de las fuerzas de seguridad.
Juzgar a civiles en tribunales militares viola las normas internacionales de derechos humanos, dijeron las organizaciones. Por otra parte, la legislación marroquí niega a los acusados en juicios militares un proceso de apelación completo, como el que tendrían en un tribunal civil. Los acusados en juicios militares sólo pueden apelar ante la Corte de Casación, que revisa los errores de procedimiento, jurisdicción, abuso de poder y aplicación de la ley.
El Tribunal de Casación recibió la petición de los acusados de Gdeim Izik en marzo de 2013, pero no se ha pronunciado al respecto.
Una ley que entró en vigor en julio revisó la ley de justicia militar de Marruecos para eliminar a los acusados civiles de la jurisdicción de los tribunales militares. La nueva ley no hace referencia a la situación judicial de los civiles que fueron encarcelados por tribunales militares antes de su entrada en vigor.
La Constitución de Marruecos de 2011 garantiza el derecho a un juicio justo en los artículos 23 y 120. Según el artículo 109, “un juez que falla de alguna manera a la hora de cumplir la obligación de independencia e imparcialidad es culpable de una falta profesional grave y estará sujeto a consecuencias judiciales”. La constitución (artículo 22) también prohíbe en todas las circunstancias los actos de tortura o actos “crueles, inhumanos, degradantes o que dañan la dignidad”.
La Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por Marruecos en 1993, exige a las partes estatales como Marruecos abolir y prevenir que la tortura u otras formas de malos tratos socaven el derecho a un juicio justo. También concede a las personas sometidas a tortura el derecho a presentar una queja ante las autoridades y a que la denuncia sea pronta e imparcialmente examinada por las autoridades competentes (artículo 13).
Además, exige a los países asegurarse de que cualquier declaración “hecha como resultado de la tortura no pueda ser 
invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración” (artículo 15). Bajo la Convención contra la Tortura, las autoridades también tienen la obligación de investigar cualquier denuncia de tortura,  incluso sin una queja formal.

Marruecos modificó su código penal para definir y tipificar como delito la tortura (artículos 224 a 232) y su código de procedimiento penal para excluir como prueba las confesiones obtenidas a través de la “violencia” o “coacción” (artículo 293). En la práctica, los tribunales casi nunca investigan las denuncias de que los interrogadores utilizaron la tortura o la coacción para obtener confesiones, antes de admitirlas como prueba en los juicios, donde se convierten en la base principal para una condena.
En 2012, el relator especial de la ONU sobre la tortura instó a Marruecos a “seguir desarrollando la capacidad forense de la fiscalía y el poder judicial, e implementar el derecho a presentar una queja y asegurarse de que los acusados que aparecen por primera vez delante de ellos tengan una oportunidad justa de presentar denuncias de tortura o malos tratos a los que puedan haber sido sometidos por la policía o los servicios de inteligencia”.
“Marruecos dio el paso positivo este año de poner fin a los juicios militares para los civiles”, dijo Said Boumedouha, subdirector de Oriente Medio y Norte de África para Amnistía Internacional. “Ahora tiene que hacer justicia para estos prisioneros a largo plazo injustamente condenados en un tribunal militar poco antes de que entrara en vigor la nueva ley”
Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org

Fuente: https://www.es.amnesty.org
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Sahara Occidental: la lógica del Tribunal de La Haya (y III)

Carlos Ruiz MiguelEn los dos anteriores artículos de esta serie habíamos indicado cómo el Tribunal Internacional de Justicia desechó los argumentos de Marruecos sobre la naturaleza de las relaciones entre "algunas, pero sólo algunas" tribus saharauis y el sultán de Marruecos, al mismo tiempo que subraya la existencia de tribus saharauis "independientes" sin NINGÚN tipo de vínculo con el sultán marroquí. Además vimos cómo el Tribunal rechazó los argumentos de que el sultán saharaui Malainín era un "representante" del sultán marroquí. Marruecos también alegó que su pretendida soberanía sólo llegaba a Cabo Bojador, no más al sur, y que reconoció expresamente que sobre Río de Oro no había ejercido soberanía. Pero el Tribunal dijo más cosas aún de las que se extraen importante consecuencias.@Desdelatlantico.
En la primera parte de esta serie de artículos, recordamos, en primer lugar (I), cómo el Tribunal Internacional de Justicia había dicho que "algunas, pero sólo algunas" tribus saharauis (fundamentalmente, Tekna) habían tenido relaciones con el sultán marroquí pero que las mismas NO eran relaciones de soberanía. Además, en segundo lugar (II), el Tribunal Internacional de Justicia destacaba que había tribus saharauis que eran INDEPENDIENTES y con las que no existía NINGÚN tipo de vínculo con el sultán marroquí. A continuación destacaremos otros puntos del dictamen del tribunal.
En la segunda parte de esta serie, hemos puesto de manifiesto que (III) Marruecos sólo alegó tener soberanía hasta el cabo Bojador, que (IV) fracasó al pretender convencer al Tribunal de que el legendario Malainin, fundador de Smara, era un representante del sultán marroquí, que (V) el Tribunal no aceptó los argumentos de que Marruecos tuviera algún derecho sobre el Río de Oro y que (VI)Marruecos reconoció expresamente ante el Tribunal Internacional de Justicia que no ejerció soberanía entre Villa Cisneros (Dajla) y Cabo Blanco (La Güera).
En esta tercera y última entrega, se hablará de cuál es e papel histórico de España en el Sahara Occidental, de acuerdo con la Opinión Consultiva del Tribunal.
VII. ESPAÑA ESTABLECIÓ UN PROTECTORADO SOBRE TRIBUS SAHARAUIS INDEPENDIENTES
El Tribunal Internacional de Justicia establece cual es papel histórico de España en la zona en el momento de la colonización

El Tribunal deja claro que España coloniza un territorio que no es "tierra de nadie" (“terra nullius”) sino de "alguien" y por eso coloniza el territorio a través de acuerdos con las tribus locales que eran independientes y que no tenían vínculos de subordinación ni con el Sultán de Marruecos ni con el complejo mauritano.
81. (...) in colonizing Western Sahara,' Spain did not proceed on the basis that it was establishing its sovereignty over terrae nullius. In its Royal Order of 26 December 1884, far from treating the case as one of occupation of terra nullius, Spain proclaimed that the King was taking the Rio de Oro under his protection on the basis of agreements which had been entered into with the chiefs of the local tribes: the Order referred expressly to "the documents which the independent tribes of this part of the coast" had "signed with the representative of the Sociedad Espafiola de Africanistas", and announced that the King had confirmed "the deeds of adherence" to Spain.
Por lo tanto, España es parte legítima en el conflicto del Sahara Occidental porque su colonización fue realizada sobre la base de acuerdos con las tribus locales, reconocidas como independientes por el Tribunal Internacional de Justicia y por ello debe ser parte activa en la solución definitiva del proceso de descolonización.
VIII. EL TRIBUNAL ESTABLECE QUE EL REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN ES LA VÍA DE DESCOLONIZACIÓN DEL SAHARA OCCIDENTAL
El Tribunal establece que el referéndum de autodeterminación, como expresión de la voluntad de los pobladores del Sahara Occidental, es el mecanismo de descolonización procedente:

162. (...) the Court's conclusion is that the materials and information presented to it do not establish any tie of territorial sovereignty between the territory of Western Sahara and the Kingdom of Morocco or the Mauritanian entity. Thus the Court has not found legal ties of such a nature as might affect the application of resolution 1514 (XV) in the decolonization of Western Sahara and, in particular, of the principle of self-determination through the free and genuine expression of the will of the peoples of the Territory.
[traducido]
La Corte llegó a la conclusión de que los elementos e informaciones puestos a su disposición no demostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental, por una parte, y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano, por la otra. Por lo tanto, la Corte no comprobó que existieran vínculos jurídicos capaces de modificar la aplicación de la resolución 1514 (XV) en lo que se refiere a la descolonización del Sáhara Occidental y, en particular, a la aplicación de la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio.”
Esto significa que cualquier acuerdo o solución en el que no participen los representantes legítimos de la población saharaui y que no represente la auténtica voluntad de las poblaciones de territorio actuaría en contra de lo establecido en la Opinión Consultiva.
IX. CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA LÓGICA DE LA HAYA
1. Los acuerdos de Madrid son ilegales.
Por ello, los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 14 de noviembre de 1975 además de ser ilegales porque (1) España como potencia administradora no podía abandonar unilateralmente sus responsabilidades en el territorio de espaldas a la ONU, resulta que (2) también violan los fundamentos de la Opinión Consultiva, dado que son firmados por actores (Marruecos y Mauritania) a los que no se le reconoce soberanía y tampoco han sido firmados por ninguna entidad o representación legítima de la población saharaui que es el verdadero actor con derecho a hacerlo.
2. Las dos únicas partes legítimas de este conflicto en el Río de Oro son España y el pueblo saharaui.
Teniendo en cuenta la evolución del conflicto, tras reconocer Mauritania al pueblo saharaui, en Rio de Oro solo hay dos partes históricamente legítimas: la parte saharaui representada por la RASD y España como potencia administradora de iure.

Por lo tanto, sería perfectamente legítimo que España reconociese a la RASD o reasumiese sus responsabilidades como potencia administradora, sin que tales actos supongan un menosprecio o una deslegitimación a priori de las reivindicaciones históricas de Marruecos, teniendo en cuenta el papel de las Naciones Unidas desde 1991 en el proceso de paz ni contradecir su práctica y sus principios.
3. La lógica de La Haya, herramienta contra discursos falaces y tergiversaciones.
En conclusión, la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975 es una herramienta imprescindible para eliminar discursos falaces y tergiversaciones sobre este caso.
Este dictamen constituye el marco en el que se puede llevar a buen puerto una solución justa conforme a los principios de las Naciones Unidas. Se puede así arreglar este conflicto poniendo fin a la situación de estancamiento provocada por la manipulación y el abuso de algunos en sus actuaciones aprovechando su estatus en los organismos internacionales y por la dejadez, la incompetencia, la apatía, la cobardía y la abdicación de responsabilidades de otros, actuaciones éstas en muchos casos disfrazadas de supuestos intereses estratégicos, obviamente falsos.

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Fuente: http://blogs.periodistadigital.com/desdeelatlantico.php
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IU reclama al Gobierno que "asuma su responsabilidad" en el Sáhara Occidental y presione a Marruecos para que ponga fin a la ocupación


La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha reclamado este martes al Estado español que “asuma su responsabilidad en el Sáhara Occidental” y presione al Reino de Marruecos para que “cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas” y que “de una vez por todas el pueblo saharaui pueda ejercer su legítimo derecho a la autodeterminación”.

López, que es vicepresidenta del Intergrupo de Apoyo al Sáhara Occidental del Parlamento Europeo, ha hecho estas declaraciones tras una rueda de prensa en la que ha presentado el Congreso de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS) que se está celebrando en la Eurocámara esta semana.
Un encuentro en Bruselas que ha contado con su invitación y la de la europarlamentaria de IU Ángela Vallina y en el que, tal y como ha explicado, ha congregado a juristas, fiscales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones internacionales que “trabajan en la línea del objetivo que tenemos marcado desde IU, que es visibilizar el conflicto saharaui en el Parlamento Europeo y que los eurodiputados y la propia Eurocámara se comprometan con buscar el cumplimiento de las resoluciones de la ONU”.
Entre los temas tratados, López ha destacado el de la explotación de los recursos naturales de los territorios ocupados, algo que es “un elemento central” ya que
“los beneficios fruto del expolio de los recursos saharauis no está teniendo ningún reflejo sobre la población del Sáhara Occidental”.
Felipe Briones, fiscal y secretario general de la IAJUWS, ha puesto el ámbito de los derechos humanos como otro de los temas cruciales. En este sentido, ha subrayado “la farsa de los juicios a los activistas saharauis” y “la represión erigida en sistema desde la invasión en 1975”. Asimismo, ha recordado que tanto la legislación internacional, como la del Estado español “han puesto negro sobre blanco” que “la presencia constante de Marruecos en el Sáhara Occidental es ilegal”, que “Marruecos no es potencia colonizadora, sino administradora de facto” lo que, “eufemísticamente hace referencia a un país invasor”, y que “la total responsabilidad respecto a la protección jurisdiccional de los derechos de los ciudadanos saharauis y de arropar a la población para que pueda ejercer ese libre derecho a la libre determinación correspondió y sigue correspondiendo al Estado español”.
También ha hablado de los derechos humanos Inés Miranda, abogada de la activista saharaui Aminatou Haidar, quien se ha mostrado preocupada por la reciente visita del rey de Marruecos a los territorios ocupados. “Esta visita ha conllevado detenciones y exigencias de manifestaciones de júbilo que no se han producido por parte de la población saharaui y como aconteció años atrás, esa actuación va acompañada de un discurso imperialista del ‘o se está conmigo, o se está contra mí’, que es el discurso que ya utilizó el rey en 2009 cuando fue deportada Aminatou Haidar”, ha asegurado.
A su lado, Javier Canivell, miembro de CEAR Euskadi y abogado de Hassanna Aalia, ha denunciado que este joven activista saharaui por los derechos humanos sufrió constantes “detenciones, tortura y violencia” por parte de la Policía marroquí desde la adolescencia, y que la sentencia del tribunal militar de Rabat que le condenó a cadena perpetua – en el macroproceso contra 25 saharauis por participar en los campamentos de la dignidad de Gdeim Izik entre 2010 y 2011- “ha sido cuestionada unánimemente por todos y cada uno de los organismos internacionales y los observadores que estuvieron allí presentes”, incluidos el relator de la ONU contra la tortura y el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados.
Todos, ha continuado, “denunciaron la excepcionalidad de un tribunal militar, la denegación de pruebas, la existencia de actas policiales falseadas, de testimonios obtenidos bajo tortura y la no existencia de un recurso de apelación ordinario”. “Y si todos estos derechos fueron mutilados para los que estuvieron en el macroproceso, más lo fueron para Hassanna Aalia, que ni siquiera estuvo allí para poderse maldefender”, ha dicho.
Canivell ha acusado al Estado español de estar “incumpliendo las obligaciones que tiene contraídos como signatario de la Convención de Ginebra” al haberse negado a dar protección internacional a Hassanna, “lo que le pone en peligro de devolución”. El abogado ha explicado que mientras el activista sigue a la espera que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre su recurso y decida si le concede el asilo político, tiene que vivir momentos como la detención sufrida a mediados de octubre en Burgos por no llevar papeles.
En el Congreso, que se cierra esta tarde, han participado, además de miembros de la IAJUWS, abogados saharauis de los territorios ocupados, miembros del Secretariado Nacional del Frente Polisario, parlamentarios saharauis y jóvenes activistas y abogados saharauis.

Fuente: http://www.tercerainformacion.es/
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Las Juntas de Álava piden por unanimidad la autodeterminación del Sáhara Occidental



Las Juntas Generales de Álava han aprobado hoy, con los votos de todos los partidos (PNV, PP, EH Bildu, Podemos, PSE-EE, IU y Ciudadanos), una resolución simbólica a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental en el marco del cuadragésimo aniversario de la Marcha Verde, por la cual la antigua colonia española pasó a estar controlada por Marruecos.
En el documento, que será trasladado al Gobierno central (Ministerio de Asuntos Exteriores), a la Casa Real, a la delegación española en el Consejo de Seguridad de la ONU y a la Embajada marroquí, se insta a completar el proceso de descolonización y a celebrar un referéndum que "asegure la expresión libre y real de la voluntad del pueblo saharaui".
También se plantea que Marruecos desmantele y desmine "el muro defensivo construido y que divide el Sáhara Occidental". O que se impulsen las investigaciones en relación a las "ejecuciones extrajudiciales realizadas por el Ejército marroquí" y al resto de violaciones de derechos humanos. Asimismo, reconoce como representante legítimo del territorio al Frente Polisario.
En el texto también se plantea el cese de las "persecuciones de los activistas de derechos humanos en el Sáhara Occidental", que se liberen "todos los presos políticos encarcelados en las prisiones de Marruecos" y el "libre acceso" de observadores, organismos humanitarios y periodistas al territorio.
Fuente: http://www.elmundo.es/
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“En el Sáhara Occidental solo los colonos marroquíes mejoran su vida”

Brahim Dahane, presidente de una las organizaciones independentistas saharauis más numerosas, cree que la población que aclamó a Mohamed VI en El Aaiún no pertenece a la ciudad





Brahim Dahane, de 49 años, es el presidente de una de las organizaciones independentistas saharauis con mayor número de miembros, la Asociación Saharaui de Víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos (ASVDH). Dahane sostiene que todo lo que se ha visto este fin de semana en El Aaiún con la llegada del rey de Marruecos, Mohamed VI, para conmemorar el 40º aniversario de la Marcha Verde, es una operación de imagen que poco tiene que ver con la realidad de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental (240.000 habitantes, según el Gobierno marroquí).



Pregunta. ¿Le ha sorprendido el hecho de que decenas de miles de personas hayan aclamado en El Aaiún al rey Mohamed VI?

Respuesta. No me ha sorprendido nada porque han traído de fuera alrededor de 140.000 personas. Han traído también muchos militares y policías.
PubliP. ¿Qué opina sobre los anuncios de inversiones económicas hechos por el rey en su discurso del 6 de noviembre?


R. No hay nada nuevo. La promesa de construir un ferrocarril que venga desde Marrakech hasta aquí ya la hizo en su día Hassan II en 1980. Hasta hoy en día aún no lo hemos visto. Son las mismas mentiras. Pero sí es verdad que hay una política económica sistemática cuyo fin es traer cada día más colonos y modificar la situación demográfica de un territorio ocupado de forma ilegal.

P. ¿Cuál es la proporción que hay en El Aaiún de población que vivía aquí antes de 1975 con respecto a la que ha llegado después?

R. La proporción puede ser entre el 30% o el 40%. Pero hay otra parte que está, desgraciadamente, refugiada en Argelia.

P. ¿Cree que las condiciones de vida en el Sáhara Occidental han mejorado en los últimos 40 años?

R. Para los colonos marroquíes, sí. Porque toda la política sistemática está hecha con ese fin. Han mejorado algunas infraestructuras para sacar de aquí nuestros recursos y para traer a su gente. Para los saharauis, sin embargo, no ha cambiado nada. En los puestos clave, en los órganos de dirección de colegios, hospitales… no hay saharauis.

P. Durante la visita del rey ni ustedes ni el Gobierno marroquí han informado de que haya habido ningún disturbio en El Aaiún. Y la organización que usted preside no tiene constancia de que haya habido ningún detenido. ¿A qué cree que se debe esa ausencia de detenciones?

P. En dos semanas han metido en El Aaiún el doble de personas de las que viven aquí de forma habitual. Y el 80% de esas personas son militares y policías. Yo aterricé el mismo día que el rey en el aeropuerto de El Aaiún. En este aeropuerto normalmente hay uno o dos aviones comerciales, más algunos de la ONU. Pero ese día había unos 30. Todo está controlado. La policía acompaña a los manifestantes marroquíes que van por las calles diciendo “muerte al enemigo del rey”. Y el enemigo somos los saharauis.

P. Pero, ¿por qué cree que no ha habido disturbios, ni siquiera muestras de apoyo al Frente Polisario? Las calles están llenas de banderas de Marruecos y no hay banderas del Frente ni panfletos.

R. Panfletos sí que hay, se lo aseguro. Y también hubo pequeñas manifestaciones en barrios. Pero al centro de la ciudad no se puede llegar. En esta situación, o declaras la guerra o intentas tratar el problema de una forma más pacífica. Nosotros no vamos a declarar la guerra. Si hacemos alguna cosa lo haremos según nuestra agenda y no la de Marruecos. Ellos han tapado todas las banderas que nosotros teníamos pintadas en muchas fachadas. Pero eso no quiere decir que no existamos.

P. Pero el rey fue aclamado por mucha gente en las calles y buena parte de esa multitud la integraban mujeres que vestían melhfas, el vestido típico saharaui.

R. Sí, eso lo han hecho para ganar la batalla de la imagen. Compraron miles de decenas de melhfas.

P. ¿Dónde?

R. Aquí en El Aaiún y en Mauritania. Es una cuestión de imagen, como lo fue la Marcha Verde hace 40 años. Las cámaras grabaron a los 350.000 civiles marroquíes, pero los militares de Marruecos ya estaban entrando varias semanas antes con la autorización del Gobierno español.

Fuente: http://politica.elpais.com/
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