FOTO: EFE/CANARIAS, LP03. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12/09/2011.- El activista uruguayo pro Derechos Humanos, José Morales Brum, momentos despues de ofrecer hoy una rueda de prensa en la capital grancanaria, en la que ha pedido a la Delegación del Gobierno de Canarias que archive definitivamente el expediente de expulsión del Estado español, abierto contra él. EFE/Ángel Medina G.
SAN BORONDON lunes, 12 de septiembre de 2011
La sindicalista Ana Caballero denuncia que el abuso que se está cometiendo contra el activista José Morales demuestra que nuestro estado democrático y de derecho se está desmoronando
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SB-Noticias.- Ana Caballero, sindicalista e integrante de los colectivos de apoyo a la causa saharaui, explicó en declaraciones al programa La Trapera de Radio San Borondón la situación actual en torno a la problemática que está viviendo el activista prosaharaui José Morales, acusado de desorden público y resistencia a la autoridad. Considera que es un abuso que se pretenda expulsar a una persona pacífica por participar en una manifestación en favor de los derechos del pueblo saharaui y protestar porque un policía de paisano esgrimiera un arma de fuego que mostró contra los ciudadanos que allí estaban reivindicando, de tal forma que al final son los civiles los que siempre salen encausados pese a que quienes infringen las leyes sean las autoridades.
En la rueda de prensa llevada a cabo por las organizaciones comparecieron Carmelo Ramírez, presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sahara y consejero del Cabildo grancanario, la sindicalista Ana Caballero (CoBas), Lorena López de Sahara en Red y José Morales Brum de la Red Espacio Sahara Lanzarote.
Ana Caballero dijo que el expediente administrativo en el que se acusa a Morales de atentar contra la seguridad del Estado y que podría quebrantar las buenas relaciones entre los gobiernos español y marroquí es el mundo al revés y advierte que la situación es tan kafkiana que los ciudadanos estamos expuestos a ser acusados de cualquier cosa si así conviene a las fuerzas del orden público.
Recordó que en estos momentos el activista José Morales tiene una propuesta de expulsión del país en vía administrativa siendo residente legal por unos hechos que en ningún momento han sido probados y añade que asimismo le han abierto causa judicial, la cual se encuentra en diligencias previas, por desorden público y resistencia a la autoridad, cuando los colectivos prosaharauis entienden que el desorden público quien lo provocó fue el agente al mostrar su arma contra los manifestantes, al tiempo que rechaza que haya desacato a la autoridad cuando esa no se identifica como tal.
Desde su punto de vista, esta es una situación preocupante porque nuestro estado democrático y de derecho se está desmoronando desde hace mucho tiempo y advierte que circunstancias como las que está viviendo Morales no son admisibles ni tolerables en una verdadera democracia que vela por la tutela judicial efectiva, que en este caso no está siendo asegurada.
La sindicalista indica que más de doscientas organizaciones han pedido una reunión con la delegada del Gobierno al entender que al final será la política la que resolverá el expediente de expulsión que obra sobre José Morales y advierte que no sería razonable que la representante del gobierno estatal en las islas no atendiera la solicitud de tal número de organizaciones, por lo que entiende que como mínimo serán tenidos en cuenta y escuchados por la administración estatal.
Por otro lado, informa que las organizaciones han realizado un manifiesto en el que se pide el archivo de la causa contra José Morales y advierte que la realidad que está viviendo el activista supone la criminalización de todo el movimiento a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui en España, al tiempo que añade que se están barajando una serie de acciones en las instituciones públicas a través de mociones en las que se pide a los partidos políticos que se posiciones en la defensa de los derechos fundamentales, que en caso de Morales están siendo conculcados.
Ana Caballero recuerda a nuestros políticos que tengan en cuenta que la causa saharaui es un problema muy sensible para la sociedad canaria, por lo que piden justicia y que actúen en conciencia.
ABD 12-09-2011 / 17:30 h
El presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara, Carmelo Ramírez, la representante de Asamblea por Tenerife Ana Caballero, junto a otros representantes de ONGs han informado de esta reunión en una rueda de prensa que han ofrecido en la capital grancanaria y a la que ha asistido el propio activista, José Morales Brum.
En defensa de este activista, afincado desde hace casi diez años en Lanzarote, y sobre el que se ha cometido una "injusticia social", y se está creando una "alarma importante", según Caballero, se ha elaborado un manifiesto que ha sido suscrito por más de 1.000 personas a título individual y más de 200 organizaciones canarias, nacionales e internacionales.
Por ello, Caballero ha manifestado que confía en el talante democrático de la delegada del Gobierno para que evite la expulsión de Morales, quien además se enfrenta a una causa penal como consecuencia de una denuncia policial por presuntamente increpar e instar a agredir a agentes policiales que acudieron a la manifestación vestidos de paisanos.
Una denuncia que, según Caballero, fue presentada por el policía que "esgrimió un arma" contra civiles desarmados que se manifestaban y que, a su vez, fue denunciado por Morales.
Las imputaciones que se hacen contra Morales como presunto autor de un atentado contra un agentes de la autoridad y otro de desorden público son "muy graves" e "infundadas", ha afirmado Ramírez, quien ha denunciado el "atropello a la legalidad" que comete la Delegación del Gobierno en Canarias y la Policía.
Caballero ha criticado el contenido del expediente abierto por ser propio de la "época fascista", pues ha explicado que recoge que el activista asistió a la manifestación vestido con uniforme del Frente Polisario, supone una amenaza contra la seguridad del Estado y pone en riesgo las relaciones de España con terceros países.
Ha criticado además la "celeridad pasmosa" con la que se ha tramitado la denuncia contra Morales frente a la que éste presentó con unas horas de diferencia contra el policía que sacó un arma y de la que aún no se sabe nada, por lo que ha dicho que esta semana se dirigirán al decanato y a los órganos pertinentes para conocer su situación.
Caballero ha anunciado también que están dispuestos a recabar el apoyo de los cabildos y ayuntamientos para frenar la expulsión de Morales, que supone una "amenaza" contra los movimientos solidarios y los inmigrantes.
Morales ha criticado el "silencio cómplice" de la Delegación del Gobierno por no pronunciarse ante el comunicado "de corte fascista" hecho público el pasado mes de julio por el Sindicato Unificado de Policía y en el que se le invitaba a abandonar el país.
La delegada del Gobierno en Canarias ha señalado a Efe que no tiene constancia de la petición de la reunión solicitada por las ONGs el pasado día 1 de septiembre, pero ha informado de que les dará cita porque "nunca" rehúsa recibir a nadie.
En cuanto a la resolución del expediente de expulsión, ha dicho que "hay que tener paciencia y esperar a la decisión judicial", pues antes no se tomará "ninguna medida". EFE cda
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