La diabetes, la desnutrición y la anemia azotan al pueblo saharaui, que ha visto mermadas sus ayudas por la crisis. (g.n.)
Por desgracia, por mucho que sepamos sobre los crímenes perpetrados por ciertos Estados, gobiernos o grupos; si no se abre un proceso judicial es como si los males ocurridos no hubiesen ocurrido.
Y si los responsables no asumen sus crímenes, las víctimas, una vez más, se quedan indefensas, enfrentándose al dolor y al sufrimiento del oprobio y de la humillación de ver a los verdugos libres. Pues bien, parece que algo ha cambiado respecto a lo ocurrido en el Sáhara Occidental tras la descolonización española. Por fin, la Audiencia Nacional, a través del juez Pablo Ruz, ha dado un paso. Ahora solo queda aguardar a que los populares inventen una nueva ley para evitar que se puedan juzgar tales masacres. La causa abierta contra once militares marroquíes es por genocidio. Palabras mayores, sin duda.
En el auto se recoge que durante años (en un periodo que abarca desde 1976 a 1992) se ha producido “un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes” cuyo fin no era otro que “destruir total o parcialmente a la población autóctona con el fin de apoderarse del territorio que había pertenecido a España”.
Se han recogido, y seguro que esto solo es la punta del iceberg (porque Marruecos no ha colaborado en modo alguno en investigar los horrores y políticas homicidas allí practicadas), 50 asesinatos, seis casos de desapariciones, 202 detenciones ilegales y 23 casos de torturas, pero imaginamos que hay muchas más. Con esto, Ruz pone el cierre a una larga investigación iniciada en 2007 por el juez Baltasar Garzón, el mismo que por diferentes intereses, más políticos que judiciales, fue apartado de la judicatura por pretender juzgar el franquismo.
La suerte de vulneración sistemática de los derechos humanos, de violencia gratuita contra la población civil y de acciones que ningún gobierno democrático puede asumir ni avalar (bombardeo de núcleos de población, desplazamientos forzados y, por supuesto, torturas, asesinatos y desapariciones) fueron practicadas por Marruecos de forma sistemática con un único fin de doblegar, destruir la identidad y voluntad del pueblo saharaui. Además, el mismo auto establece en sus páginas iniciales que el Sáhara Occidental nunca fue territorio marroquí, por lo tanto, nunca ha ostentado ningún derecho histórico sobre el mismo y que la población, antes de la ocupación, los 74.000 saharauis censados eran de “nacionalidad española”. Por un lado, este hecho pone de relieve el archiconocido abandono que los distintos gobiernos españoles han sostenido sobre la antigua colonia y, por otro, permite soslayar la reforma de la ley de justicia universal que el PP aprobó para evitar litigios internacionales (como era el caso de China, por sus crímenes en el Tíbet) que podían interferir en sus relaciones comerciales. Pero la garantía y defensa de los derechos humanos no pueden jamás obviarse. Ese ha sido el gran mal del siglo XX, y no queremos que esto se repita en el siglo XXI.
En este caso, refleja la incapacidad de España por afrontar su pasado colonial y de encarar la responsabilidad que ello implica. De nuevo, lamentablemente, el poder del dinero, las jugosas y lucrativas relaciones económicas sostenidas con el Estado marroquí son mucho más relevantes que la salvaguarda de la dignidad de las personas. En el auto se recogen los testimonios de primera mano de saharauis que presenciaron los crímenes, permitiendo el descubrimiento de varias fosas de los cuerpos de asesinados impunemente por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. Mostrando, así, que no son fabulaciones sino hechos evidentes de que tales horrores se produjeron. También se recoge cómo dos aviones atacaron el campamento de desplazados Un Dreiga el 20 de febrero de 1976, con napalm y fosfato blanco, causando 39 muertos, a pesar de que una de las tiendas tenía el claro distintivo de la Cruz Roja. A ello se puede ir sumando otra serie de terribles hechos que se han ido sucediendo hasta los años 80 y 90. Para Marruecos, el Sáhara es la joya de la corona, disfruta de ricos fosfatos y caladeros, además de convertirse en un lugar en donde se han asentado miles de familias.
Ha empeñado mucho en su guerra particular contra el Frente Polisario y lo considera parte esencial de su geografía. Como hace Israel con los palestinos, juega con la baza favorable del tiempo: cuanto más se prolongue, más difìcil será encontrar la solución. Marruecos ha entablado importantes acuerdos de colaboración con la Unión Europa y Estados Unidos en la lucha contra el yihadismo, es una monarquía de corte moderado, aunque no podemos hablar de Estado democrático (sí ha habido avances desde que Hassan II murió y dejó paso a su hijo, Mohamed VI) y eso le ha servido como manto protector hacia cualquier acusación de crímenes de lesa humanidad o, bien, a ser interpelada a que se retire del Sáhara.
Mientras que Rusia, paradójicamente, sufre fuertes sanciones por la anexión ilegal de Crimea, Marruecos, en cambio, nada. Y aunque la ONU aboga por que se produzca un referéndum de autodeterminación (diciembre de 1997), la propuesta ha sido escuchada por Rabat como quien oye llover.
De todos modos, no existen garantías suficientes para que sea justo porque el censo de la población actual del Sáhara está distorsionado por dos factores importantes: muchos saharauis viven en campamentos de refugiados en Argelia (y Marruecos no acepta su regreso) y se ha producido un fuerte desplazamiento de población marroquí al Sáhara, lo cual hace que haya un número casi mayor de marroquíes que de habitantes autóctonos. El Gobierno de Marruecos ha prometido, como alternativa, una autonomía… pero sin garantías. Y sin que eso pueda borrar los padecimientos infligidos a los saharauis. Confiemos en que esta vez haya un poco de justicia para este sufrido pueblo y que la ONU decida dar un paso decidido en favorecer su causa, no permitiendo que su historia sea olvidada.
Fuente: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/
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