El Ministerio de Exteriores español, ha dejado a centenares de ciudadanos españoles abandonados en Tinduf. Se trata de personas, originarias del Sahara Occidental, pero que después de residir varios años en España, habían adquirido la nacionalidad española, por residencia o por origen. Se trata, al fin y al cabo, de ciudadanos españoles de pleno derecho que, incluso, habían participado en las últimas elecciones, votando, algunos de ellos, según manifiestan, al propio Partido Popular.
La medida adoptada por el Gobierno de repatriar únicamente a los españoles que no eran originariamente saharauis, deja, a los españoles oriundos del Sahara, en una posición de ciudadanos de segunda clase. Los afectados, alegan, que los secuestradores no se guían por el origen sino por el DNI que se porta y, nosotros, portamos el DNI español y la bandera española. Algunas mujeres insinúan que si no se les ha repatriado a ellas y a sus maridos, al menos, podían haber repatriado a sus hijos, españoles y nacidos en España. Y, además, preguntan si en caso de secuestro, el Estado, al que habían jurado lealtad y fidelidad, vendría a rescatarlos, ya que los ha dejado a los pies de los caballos de un posible secuestro.
Sin embargo, la gran mayoría de las decenas de españoles que, ahora mismo, podrían estar en los Campamentos de Refugiados, no cree que la medida obedezca a razones de seguridad. Estiman, por el contrario, que la medida de Margallo no es más que un intento por asfixiar al pueblo saharaui y manchar su imagen para, así, reducir al mínimo la ayuda humanitaria y, de esta manera, cercenar toda posibilidad de que el pueblo saharaui pueda acceder a su autodeterminación.
Otros, los más mayores, citan el caso de los argelinos que habían combatido por la bandera francesa, en la II Guerra Mundial y en Indochina, pero que, toda vez acabadas esas guerras, habían vuelto a sus aldeas, en Argelia, y ahí mismo habían sido masacrados por el mismo ejército al que tanto habían servido.
Por su parte, el Gobierno saharaui, superado por la presión del potente lobby de los saharauis nacionalizados españoles, no ha tenido más remedio que asegurarles su plena disposición, para ayudarles en las decisiones que finalmente adopten. De paso, para tranquilizarlos, les ha explicado que nadie mejor que ellos mismos, puede juzgar la seguridad que se respira en los Campamentos. Les ha recordado, además, que países tan grandes como EE.UU, Rusia, China, Gran Bretaña o Francia, también, habían sufrido los zarpazos del terrorismo, sin que por ello se produzca estampida alguna de los extranjeros que se encontraban en esos países. Y que la medida adoptada por el Gobierno español encuentra mejor explicación desde la óptica del conflicto con Marruecos que desde la óptica de las medidas de seguridad. Finalmente, un responsable del gobierno saharaui, les ha dicho que, en estos mismos instantes, se encuentran trabajando en los Campamentos de Refugiados, más de veinte personas de distintas nacionalidades y ha citado el ejemplo de los trabajadores del ACNR, del Programa Mundial de Alimentación, a los turcos que trabajan en una ONG, un grupo de tres católico- protestantes de EE.UU y otros ciudadanos de Suecia, Noruega, Sudáfrica, Australia y de otros países.
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