El padre del joven saharaui Mohamed Dihani
muestra una imagen de su hijo y el sumario del caso.
MADRID // Una confesión obtenida bajo tortura y un cuestionable testimonio de otro acusado, probablemente arrancado con los mismos métodos, han bastado para que el tribunal de apelación de la ciudad de Salé (Marruecos) condenara este miércoles a cinco años de cárcel por terrorismo yihadista a un saharaui de 27 años,
Mohamed Dihani, cuya “liberación inmediata” reclama incluso el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Dihani lleva ya más de tres años en la cárcel pero, antes de ingresar en prisión, estuvo
secuestrado seis meses sin orden judicial y sin que mediara acusación alguna, tal y como considera probado ese Grupo de Trabajo. Cuando finalmente su familia supo que estaba detenido, tras meses de búsqueda desesperada e infructuosa por comisarías y hospitales, los cargos que se incoaron contra él fueron dignos de una película de acción de bajo presupuesto.
A este joven saharaui sin antecedentes que se buscaba la vida comprando piezas de coche en Mauritania para revenderlas en el Sáhara, se le acusó de haber ideado un ambicioso plan para hacer descarrilar un tren en Italia, un país en el que había residido varios años, amén del propósito de asesinar a un miembro indeterminado de la Curia romana, nada menos que lanzando un misil contra San Pedro del Vaticano.
Por estos cargos rocambolescos, y sin que hubiera tampoco ninguna prueba material, Dihani fue condenado en primera instancia a diez años de cárcel por terrorismo, pena que después fue rebajada a seis años en un primer juicio en apelación. En el juicio que se celebró el miércoles, por orden del Tribunal Supremo de Marruecos que ordenó la repetición del juicio en segunda instancia, los jueces podían condenar al joven a una pena de entre “uno y cinco años”, explica Luis Mangrané, el jurista que asistió al juicio en representación del Consejo General de la Abogacía Española y del Observatorio Aragonés del Sáhara Occidental.
Como suele suceder en los casos de saharauis “que se enfrentan al Estado marroquí”, deplora el abogado, el tribunal condenó a Mohamed Dihani a la pena máxima: cinco años. Y ello pese al dictamen de la ONU que reclama su “liberación inmediata” e insta a Marruecos a investigar las torturas que
denuncia el joven.
“El tribunal tardó sólo veinte minutos en dictar sentencia. Creemos que, en realidad, la sentencia estaba dictada de antemano”, explica el jurista.
“Todo ha sido un montaje”
El caso de Dihani es, en opinión de Mangrané, “paradigmático” de la estrategia de Marruecos de tratar de relacionar a los saharauis y al Frente Polisario con el terrorismo como vía de desacreditar al movimiento en pro del derecho a la autodeterminación de la que fuera colonia española hasta 1975.
En el dictamen del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU sobre este caso -un documento del que el tribunal marroquí ha hecho caso omiso- se recoge la denuncia del joven, que asegura que durante su desaparición Marruecos trató de enrolarlo en sus servicios secretos con el fin de servirse de él para relacionar al Frente Polisario con una célula terrorista yihadista.
Recluido en secreto en el centro de detención de la DST (Dirección de Vigilancia del Territorio en sus siglas en francés) en Temara, cerca de Rabat, Dihani sufrió palizas constantes, humillaciones, privación de sueño y amenazas de violación. La salida que los agentes de la inteligencia marroquí ofrecieron al joven para escapar de tales tormentos fue la de trabajar para ellos, convirtiéndose en portavoz de dicha célula terrorista montada y financiada por los servicios de inteligencia marroquíes.
De acuerdo con su relato, Marruecos pretendía servirse de él para señalar diversos objetivos en el Sáhara Occidental y Europa en nombre del Polisario y de Al Qaeda. De esta manera, Marruecos conseguiría afianzar ante la opinión pública internacional su acusación, nunca probada, de que la organización saharaui mantiene vínculos con el terrorismo yihadista. Al principio el joven aceptó el montaje para escapar de la tortura, pero después se echó atrás, lo que selló su condena inicial a diez años de cárcel.
Sin embargo, en éste como en otros casos, el proceso ha estado plagado de irregularidades desde el principio. Para empezar, la desaparición forzosa y las torturas, que no han sido investigadas, señala Mangrané. También la falta de pruebas y un aspecto que arroja serias dudas sobre los cargos que se incoaron contra el joven, como es que acusaciones como la de querer atentar con misiles contra el Vaticano no dieran lugar a algún tipo de petición de información ni investigación a las autoridades italianas y vaticanas.
Tampoco figura en el auto de acusación de la Fiscalía cómo se iba a financiar este supuesto atentado, ni de dónde procedían unos explosivos de los que no hay rastro, aspectos todos que, para Luis Mangrané, demuestran que “todo ha sido un montaje”.
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Foto: Oscar Negrim Romero
