La Audiencia Nacional ha revocado la decisión del Ministerio del Interior de denegar el asilo a un activista saharaui que tiene más de cien cicatrices en todo el cuerpo (cabeza, cara, tórax y extremidades) que atribuye alatigazos, porrazos y quemaduras infligidos por la Policía en El Aaiún tras una manifestación prosaharaui en 2007.
La sentencia reconoce el derecho de asilo solicitado, tomando como base principal un informe médico del hospital La Paz, de Madrid, que expone sus múltiples cicatrices y secuelas, que descarta que el demandante se las autoinflingiese, y resalta que son compatibles con las agresiones de las que fue objeto, según su relato.
El hombre, de 39 años y natural de El Sahara, pidió asilo a las autoridades españolas por la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados por Marruecos y por su temor a sufrir persecución por ser activo militante saharaui. La Administración rechazó la petición al considerar sus alegaciones genéricas, imprecisas e incongruentes, por no haber prueba directa de su condición de saharaui, y por estimar que su situación física y psicológica tiene origen ajeno a las agresiones que denuncia. No obstante, Interior le autorizó a permanecer en España por motivos humanitarios.
El demandante presentó su petición en Las Palmas de Gran Canaria en diciembre de 2009. Explicó que nació en 1974 en Essawira, y que en 1999 se desplazó a El Aaiun (capital del Sahara occidental), donde participó en manifestaciones proderechos del pueblo saharaui con miembros del grupo 'waffa', encabezando con otros chicos las marchas.
En 2007, cuando colocaban banderas y carteles en la avenida Tan Tan de El Aaiún, fue sorprendido por agentes policiales que le agredieron gravemente. Despertó quince días después en un hospital, del que escapó de madrugada, manteniéndose oculto en el desierto dos años con un propietario de camellos. Luego consiguió entrar en un barco con el que llegó a Canarias.
En su expediente consta un informe psicológico de Cruz Roja que señala que padece estrés postraumático que puede derivar de haber sufrido agresión física o amenazas, lo que le genera pesadillas. Otro informe, de tres médicos del hospital universitario La Paz, consigna más de cien cicatrices en cabeza, cara, tórax y extremidades, que los expertos descartan que fueran autoinfligidas, y que son compatibles con agresiones durante varias horas con látigos, porras de goma flexibles, instrumentos calientes (que provocan quemaduras), o hiperextensión o posturas forzadas prolongadas.
A este último informe se añaden numerosas fotos que constatan las heridas descritas. A ello se suma un tercer dictamen, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que indica: que la persona padece un grave trauma; que todo apunta a que su estado mental es consecuencia de las torturas descritas; y que su perfil coincide con el de un activista de la causa saharaui.
Interior no atendió esos dictámenes y denegó el asilo al considerar que el solicitante había incurrido en contradicciones sobre la relación con su familia, su periodo en el desierto o su vida como activista, que no había demostrado su identidad saharaui y que desconoce el dialecto "hassania", hablado en la zona. Añadía que no tenía un perfil político relevante y que, pese a la gravedad de las torturas denunciadas, no se recogieron esas agresiones por fuentes prosaharuis que suelen informar de esos sucesos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia revoca la decisión de Interior, adoptada en abril de 2012, y destaca que el relato del hombre es razonablemente completo, exhaustivo y coherente, y además es compatible con las cicatrices y secuelas que padece. Sobre alguna contradicción en sus afirmaciones, el tribunal lo considera normal por el estrés postraumático que presenta.
Sobre el hecho, alegado por Interior, de que el demandante no tiene perfil político relevante, la Audiencia señala que la persecución en El Aaiún no parece centrarse sólo en líderes de la causa sharaui o personas de alta relevancia política.
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